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El estado tiene la obligación de garantizar la tutela y defensa de la persona y los intereses general de la comunidad a través de hacer cumplir un conjunto de preceptos juridicos.
Frente al incumplimientos de las normas de Cablevisión, que es una prestadora de servicios a la comunidad, el estado no puede disponer medidas que afecten el interes de los consumidores y de los trabajadores. El hecho que exista en el mercado otros prestadores no es argumento para justificar la disolución del servicio. Las autoridades deben primero, procurar poner en orden la empresa antes que obligar a migrar a los usuarios y trabajadores, que por otra parte no tienen la alternativa de los clientes.
En otro sentido, si el gobierno trabaja para reducir la concentración, con esta medida la están favoreciendo.
Siendo un tenaz defensor de la gestión del gobierno especialmente en las medidas que adopta en defensa de los intereses populares, esta medida tiene la misma impronta que le da el grupo clarín a las suyas, destilan venganza (intereses) personal sin que aparezcan la consideración al bien común-itario.